Datos más específicos sobre esta medida:
Dimensiones: Las zanjas tienen una profundidad promedio de 3 metros. Se complementan con muros y vallas de seguridad de hasta 5 metros de altura.
Extensión: El plan contempla intervenir tramos críticos que suman aproximadamente 500 kilómetros a lo largo de las fronteras con Perú y Bolivia.
Ubicación inicial: Las obras comenzaron oficialmente el 16 de marzo de 2026 en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta (región de Arica y Parinacota).
Tecnología: No es solo una excavación; incluye torres de vigilancia, drones con reconocimiento facial, radares térmicos y sensores de movimiento activos 24/7.
Despliegue militar: El plan moviliza a 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros en turnos rotativos para patrullar estas barreras.
Propósito vehicular: Además de personas, la zanja busca detener el tránsito de caravanas y vehículos de bandas criminales dedicadas al tráfico de migrantes y contrabando.
Presupuesto y Gasto
Inversión Inicial: Se han destinado más de 50 mil millones de pesos chilenos (aprox. 55 millones de dólares) solo para la fase uno, que incluye maquinaria pesada en Chacalluta y tecnología de vigilancia.
Costo de Expulsión: El gobierno estima que deportar a cada migrante irregular cuesta 3 millones de pesos (USD 3,300), por lo que ha solicitado al Congreso un aumento presupuestario urgente para financiar miles de expulsiones.
Mantenimiento: El despliegue de 3,000 efectivos militares y el uso de drones autónomos 24/7 implican un gasto operativo permanente que se financia mediante una «glosa de emergencia» y reasignaciones del Ministerio de Obras Públicas.
Impacto Económico Regional
Para Chile: El plan busca reducir el gasto público en servicios sociales (salud y educación) utilizados por migrantes no registrados. Sin embargo, genera presión fiscal inmediata debido al alto costo de construcción de los 500 km de muros y zanjas.
Para Perú y Bolivia: Existe un riesgo de «efecto embudo» en ciudades como Tacna (Perú) y comunidades fronterizas bolivianas. Al cerrarse el paso, miles de personas pueden quedar varadas en estos países, aumentando la demanda de recursos locales y encareciendo la gestión migratoria en sus territorios.
Comercio: Aunque el plan no cierra pasos habilitados, el aumento de controles militares puede retrasar el flujo de camiones de carga, afectando los tiempos y costos logísticos del comercio terrestre entre los tres países.

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