Por Nicolás Schamne Jueves 9 de abril de 2026 desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete sumó nuevas medidas de prueba y citaciones clave en los últimos días. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó la declaración de varios testigos vinculados a la operación inmobiliaria bajo análisis, que incluye la compra de un departamento en Caballito.
Entre los citados se encuentra Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la venta del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Según consta en el expediente, Feijoo habría intervenido en la reserva de la propiedad y deberá presentarse a declarar el miércoles 22 de abril a las 9:00, además de aportar su teléfono celular como parte de la investigación.
La fiscalía también convocó a la dueña de la inmobiliaria que intervino en la operación, Natalia Rucci, junto a su esposo Marcelo Trimarchi. Ambos deberán comparecer el lunes 20 de abril en horarios diferenciados. A su vez, fue citado el encargado del edificio y un expropietario de otra vivienda vinculada a Adorni en el country Indio Cuá.
El eje de la causa es la compra del departamento concretada el 18 de noviembre de 2025, por un valor declarado de 230 mil dólares. El expediente analiza particularmente la estructura del acuerdo: las vendedoras, dos jubiladas, no solo cedieron la propiedad sino que además otorgaron una hipoteca de 200 mil dólares sin interés y con plazo de un año, con posibilidad de restitución del inmueble en caso de incumplimiento.
Durante la instrucción, la escribana que intervino en la operación sostuvo que se trató de una “compraventa con saldo de precio” y negó irregularidades, afirmando que no existieron préstamos en efectivo ni maniobras fuera de lo habitual.
Sin embargo, la fiscalía mantiene bajo análisis la lógica económica del acuerdo, especialmente la ausencia de intereses en la hipoteca, así como el rol de los distintos actores que participaron en la operación.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario y un incremento patrimonial significativo en un período fiscal determinado.
En paralelo, la investigación también abarca otras operaciones inmobiliarias y movimientos patrimoniales vinculados al entorno del funcionario, que continúan bajo revisión judicial.
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