A través del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, la gestión de Javier Milei busca renegociar 150 convenios vencidos e imponer la productividad sobre las paritarias tradicionales. El sindicalismo llevó el reclamo a Ginebra.
En una nueva fase de su plan de reformas estructurales, el gobierno de Javier Milei —con el impulso del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger— aceleró los cambios en la Secretaría de Trabajo. El objetivo central de la gestión oficialista apunta a modificar la estructura sindical tradicional y descentralizar las negociaciones colectivas, priorizando los acuerdos por empresa y limitando el peso de los grandes gremios.
El proceso se apoya en cuatro ejes clave que marcan el pulso de la disputa entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los trabajadores:
1. Revisión de convenios colectivos
La Secretaría de Trabajo comenzó a convocar a cámaras empresariales y sindicatos con el fin de renegociar alrededor de 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. Las discusiones se enmarcan en las nuevas normativas de desregulación impulsadas por la Casa Rosada, buscando esquemas más flexibles adaptados a cada sector productivo.
2. Techo salarial y productividad
Los gremios denuncian de manera sistemática la existencia de un «cepo salarial». Según los representantes de los trabajadores, la cartera laboral viene imponiendo topes implícitos a las paritarias, buscando que los aumentos de ingresos queden supeditados a los índices de productividad de cada compañía en lugar de los esquemas de recomposición inflacionaria tradicionales.
3. Ajuste en la estructura de Trabajo
En paralelo a los cambios normativos, funcionarios del área de Desregulación mantienen bajo evaluación constante las dotaciones de personal en los ministerios y, puntualmente, en la Secretaría de Trabajo. La meta trazada por el Ejecutivo es reducir la plantilla estatal al mínimo indispensable, profundizando el recorte en áreas administrativas.
4. La contraofensiva gremial en Ginebra
Ante la velocidad de las medidas, la Confederación General del Trabajo (CGT) trasladó el conflicto al plano internacional. La central obrera presentó una denuncia formal contra el Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, acusando al gobierno de Milei de llevar adelante un «desmantelamiento sistemático» de los derechos laborales y de vulnerar los convenios internacionales vigentes.
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