A medio siglo del golpe de 1976: una herida que sigue abierta
El 24 de marzo de 2026 se cumplen 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, encabezado por las tres Fuerzas Armadas y comandado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que derrocó a la entonces presidenta en ejercicio Estela Martínez de Perón. A partir de ese día comenzó la dictadura más sangrienta de la historia nacional, conocida como Proceso de Reorganización Nacional.
El régimen implantó un sistema de terrorismo de Estado basado en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas. Centros clandestinos como la ESMA se convirtieron en símbolos del horror. La represión alcanzó a militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, pero también a personas sin militancia, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y transformar la estructura económica del país.
El golpe se gestó en un contexto de fuerte deterioro institucional: crisis económica profunda, inflación descontrolada, violencia política de organizaciones paraestatales como la Triple A y enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros —como ERP y Montoneros— y las fuerzas de seguridad. La debilidad del gobierno de Isabel Perón, las disputas internas en el peronismo y la pérdida de autoridad presidencial crearon un clima de inestabilidad que sectores empresariales, financieros, agrarios y mediáticos utilizaron para fogonear la salida militar.
Un punto de quiebre fue el Operativo Independencia, iniciado en Tucumán en 1975, que habilitó la intervención directa de las Fuerzas Armadas bajo la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Esa lógica contrainsurgente se profundizó con el llamado “Rodrigazo”, el ajuste económico del ministro Celestino Rodrigo, que disparó la inflación, licuó los salarios y desató el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista.
El terrorismo de Estado y el Plan Cóndor en la región
El golpe argentino se inscribió en un escenario latinoamericano marcado por la consolidación de dictaduras alineadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos. En ese marco se implementó el Plan Cóndor, una red represiva entre las dictaduras del Cono Sur —Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, entre otros— destinada a perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras. Documentación desclasificada confirma el apoyo político y de inteligencia de Washington para sostener gobiernos militares y modelos económicos neoliberales en la región.
En Argentina, la dictadura disolvió el Congreso, intervino sindicatos, universidades y organizaciones sociales, censuró a la prensa y clausuró libertades públicas. Al mismo tiempo aplicó una profunda reestructuración económica que favoreció a grandes grupos empresarios y financieros, con endeudamiento externo acelerado, apertura indiscriminada de importaciones y desindustrialización.
El surgimiento de los organismos de derechos humanos
Frente al régimen de terror, familiares de las víctimas comenzaron a organizarse. En 1976 nació Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la primera agrupación dedicada específicamente a denunciar secuestros y desapariciones y exigir la aparición con vida. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) recopilaron testimonios, presentaron hábeas corpus y documentaron casos que más tarde serían clave para los juicios.
El 30 de abril de 1977 aparecieron en escena las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la Pirámide de Mayo con sus pañuelos blancos como símbolo de resistencia pacífica. Poco después se conformaron las Abuelas de Plaza de Mayo, primero como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, para buscar a los bebés nacidos en cautiverio o apropiados ilegalmente.
Juicio a las Juntas y la búsqueda de justicia
Con el retorno democrático y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado argentino impulsó un hecho histórico: el Juicio a las Juntas. El 9 de diciembre de 1985 se dictó sentencia contra los principales responsables del Proceso, luego de ocho meses de audiencias, más de 800 testigos y una vasta documentación. El fiscal Julio Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, llevó adelante la acusación en un proceso que fue comparado internacionalmente con los Juicios de Núremberg.
El tribunal condenó a reclusión perpetua a Videla y Massera, y dictó penas de prisión para otros miembros de las juntas, al tiempo que sentó el precedente de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Aquella experiencia se transformó en un modelo mundial en materia de memoria, verdad y justicia, y abrió el camino para los posteriores juicios reabiertos tras la anulación de las leyes de impunidad.
Las cifras de la represión y la lucha por la identidad
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) recopiló inicialmente 8.961 casos de desaparecidos. Documentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, desclasificados años después, elevaron la cifra a alrededor de 22.000 entre 1975 y 1978. Los organismos de derechos humanos sostienen hasta hoy la consigna que expresa el carácter clandestino y masivo del plan represivo: “Son 30.000”.
En cuanto a los niños y niñas apropiados, se estima que unos 500 bebés fueron robados durante el terrorismo de Estado. Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo había logrado restituir la identidad de 140 nietos y nietas, pero se calcula que más de 300 personas adultas aún desconocen su verdadera historia. La búsqueda continúa día a día mediante campañas públicas, bancos genéticos y llamados a la reflexión para quienes tengan dudas sobre su origen.
“Memoria, verdad y justicia” no son sólo consignas: sintetizan el compromiso de la sociedad argentina para que el terrorismo de Estado no se repita y para que los responsables sigan siendo juzgados.
A 50 años del golpe, la Argentina renueva cada 24 de marzo su voluntad democrática en una jornada que combina dolor, reflexión y movilización popular. En las calles, en las escuelas y en los tribunales, el reclamo sigue siendo el mismo: nunca más a la dictadura, nunca más al silencio, nunca más al terrorismo de Estado.
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