Nicolas Blanco para MAPA POLÍTICO
Hoy, frente al Congreso, se llevó adelante la quinta Marcha Federal Universitaria para reclamar algo tan básico como el cumplimiento de una ley.
El financiamiento universitario fue aprobado por el Congreso, vetado por Milei y ratificado por ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno continúa sin aplicarlo, incluso después de los fallos judiciales que ordenaron hacerlo.
Mientras tanto, los docentes y no docentes universitarios perdieron cerca del 30% de su salario en términos reales. Las becas siguen sin actualizarse y las universidades tienen que funcionar con recursos que ni siquiera alcanzan los niveles de 2023.
La situación de los jubilados tampoco es distinta. Su poder adquisitivo acumula una caída cercana al 24% y quienes cobran la mínima siguen recibiendo un bono de $70.000 que está congelado desde marzo de 2024. Con la inflación acumulada desde entonces, ese dinero vale cada vez menos.
A esto se suma la pérdida de ingresos que vienen sufriendo los trabajadores, tanto del sector público como del privado.
El Congreso tampoco logra frenar este rumbo. Aunque ambas cámaras pueden rechazar vetos, aprobar leyes y controlar al Poder Ejecutivo, las mayorías necesarias no siempre se sostienen y muchas iniciativas quedan bloqueadas o no se implementan. Así, el Parlamento termina sin poder ponerle límites efectivos al Gobierno, mientras el ajuste avanza y las decisiones se toman sin respuestas institucionales suficientes.
Pero el problema no es solamente económico.
Desde el comienzo de su gestión, Milei avanzó con el DNU 70/2023, una reforma que buscó modificar numerosas leyes y desregular distintos aspectos de la economía y las relaciones laborales. Varias de sus disposiciones fueron cuestionadas judicialmente y generaron un fuerte rechazo de organizaciones sindicales y sociales.
A la vez, la respuesta del Gobierno frente a distintas manifestaciones estuvo marcada por operativos de seguridad, enfrentamientos y denuncias de represión. Las protestas de los jubilados frente al Congreso son uno de los ejemplos más visibles de esta política. Personas que salen a reclamar por sus ingresos terminan enfrentándose a cordones policiales, gases y detenciones.
No se puede hablar del ajuste sin hablar también de lo que ocurre cuando la sociedad sale a protestar contra sus consecuencias.
En definitiva, estamos frente a un modelo que reduce ingresos, debilita el financiamiento de servicios públicos esenciales y responde con medidas de fuerza ante buena parte del descontento social. Y, como viene ocurriendo, quienes más sufren sus consecuencias son los sectores que menos tienen.
📝 Nicolás Blanco (@NicolasBlanco81)
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