Por Nicolás Schamne en Mapa Político.
El Gobierno nacional redobla su apuesta de entrega con el «Súper RIGI», un estatuto colonial redactado a la medida de los magnates de Silicon Valley.
Bajo la fascinación casi religiosa que Javier Milei profesa por figuras como Elon Musk o Peter Thiel, el proyecto edifica un enclave de excepción impositiva, aduanera y cambiaria para el meganegocio de la inteligencia artificial, mientras la industria local y las pymes se hunden en el abandono.
No estamos ante una estrategia de desarrollo, sino ante un quebranto ético y geopolítico. El régimen consagra una asimetría perversa: exige un piso de 1.000 millones de dólares pero elimina la obligación de contratar proveedores locales.
Las corporaciones tecnocráticas podrán importar su cadena de valor armada, devorar recursos energéticos subsidiados y tributar una alícuota de Ganancias del 15%, menor que la de un comercio del conurbano. Es la antítesis del pensamiento patriótico; es el subsidio del subdesarrollo.
El corazón de este pacto leonino es su blindaje legal por 30 años, que ata de manos a las futuras generaciones y entrega la soberanía jurídica a tribunales como el CIADI.
En la concepción justicialista, la comunidad organizada y la justicia social exigen que la economía esté al servicio del hombre y de la Nación. Aquí, la patria se ofrece como una maquila digital: servidores e infraestructura que no generan arraigo ni empleo, sino desarraigo y fuga de divisas.
Este modelo hipercentralista y corporativo pulveriza además el federalismo, obligando a las provincias a desfinanciar sus economías regionales al prohibirles fijar tasas locales o defender su autonomía fiscal. No hay libertad en un suelo donde el capital extranjero legisla y el trabajador local padece la intemperie.
El «Súper RIGI» no es modernización; es la restauración del estatuto legal del coloniaje, una ofrenda de rodillas frente a los señores del algoritmo.
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