Gestión Barrera: condena firme, caída de la cúpula municipal y un municipio colapsado

Liz Viola para MAPA POLÍTICO

La crisis institucional y judicial del gobierno de Gustavo Barrera llegó a un punto de inflexión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la última queja de la defensa y dejó firme la condena penal por abuso de autoridad contra Cristian Leonardo Angelini (causa CSJ 657/2026/RH1). Este fallo no solo sella la salida del funcionario, sino que dinamita el castillo de naipes de una operatoria sistemática basada en la confección de certificados de deuda municipal falsos o apartados de la realidad, un denominador común en los múltiples juicios que el municipio ya ha perdido —varios de ellos con sentencias definitivas en contra— debido al persistente abuso de autoridad.

Durante años, la administración local utilizó un mecanismo espurio: fabricar deudas fiscales inexistentes para embargar cuentas y bienes, ahogando a los contribuyentes. Un caso emblemático que hoy expone al Municipio a pagar millonarias indemnizaciones por daños y perjuicios es el del empresario Santiago Rincón, a quien se le retaceó el pago de obras encomendadas bajo la excusa de compensarlas con dichos certificados truchos. La persecución y el ahogamiento financiero provocaron el cierre de su empresa y lo obligaron a mudarse de la ciudad. Del mismo modo, los embargos trabados sobre la base de esas deudas carentes de sustento jurídico hoy representan un pasivo indemnizatorio incalculable que recaerá sobre las arcas públicas por la impericia y el dolo de los funcionarios.

Pero el caso de Rincón no es aislado. Al igual que a él, a otros vecinos se les ha hecho la vida imposible desde el poder municipal para forzarlos a irse de la ciudad, un ensañamiento y abuso constante sobre las vidas de quienes no siempre saben cómo defenderse frente al aparato estatal. Incluso, a pesar de que existen múltiples juicios ganados en distintas instancias y expedientes que ya deberían estar transitando su etapa de juicio oral, la lentitud cómplice, la selección de fiscales y jueces amigables, y los intentos desesperados de la política por instalar falsamente absoluciones que jamás existieron —muchas veces repetidas sin leer los expedientes— demuestran cómo se ha buscado frenar la verdad. Si hoy se empiezan a ver resultados y caen las primeras condenas firmes, es únicamente gracias a los vecinos y afectados que decidieron plantarse frente al poder, a pesar de que el camino ha sido árduo y plagado de obstáculos.

La caída de Angelini es apenas la punta del iceberg. En la misma causa penal existen otros funcionarios imputados que podrían seguir su mismo camino, incluido el propio intendente Gustavo Barrera. A esto se suma que otros encumbrados nombres de la gestión fueron recientemente elevados a juicio oral por la firma de cheques presuntamente malversados: el secretario de Hacienda, Gustavo Ciriaco, y la tesorera, Silvia Jorge. En este expediente, el intendente Barrera también acompañó con su firma los libramientos cuestionados, quedando directamente implicado. Sin embargo, como es de público conocimiento, la justicia suele reservarle un trámite llamativamente más lento a los máximos mandatarios que cuentan con influencias para retrasar el avance de las causas.

Un tema que llama poderosamente la atención es la denuncia por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el intendente, la cual se encuentra extrañamente estancada. A pesar de que es obligatorio para todo funcionario público que ocupe ese cargo, Barrera no realiza las declaraciones juradas sobre su patrimonio desde que asumió en el año 2014. Resulta muy curioso que quienes lo antecedieron en el cargo siempre cumplieron con las declaraciones juradas en tiempo y forma, mientras que esta denuncia —que cuenta con información relevante y fue impulsada por el propio empresario Santiago Rincón, principal perjudicado por el delito por el cual hoy condenan a Cristian Angelini, exsecretario de Gobierno del intendente— no logra conmover de modo incomprensible al fiscal que interviene en la causa.

Todo este colapso judicial y el despilfarro de fondos públicos tienen un correlato directo en el profundo deterioro de Villa Gesell. La ciudad sufre la falta de servicios, impuestos altísimos, una notable pérdida de turismo, graves deficiencias en salud y educación, e insostenibles índices de inseguridad. El saldo es lapidario: condenas firmes, familias y empresas locales perseguidas y quebradas por el abuso de poder, juicios millonarios perdidos, un intendente investigado por enriquecimiento ilícito y blindado por la justicia, y una gestión completamente abandonada.