Especialistas internacionales en glaciología y disciplinas afines enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para expresar su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei. En un contexto en el que los glaciares se están deteriorando a un ritmo acelerado —registrando los mayores niveles de pérdida en las últimas dos décadas y contribuyendo a un aumento del 21% del nivel del mar—, los especialistas llaman a mantener la ley sin modificaciones que debiliten su alcance.
En la carta, los especialistas advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, señalan que, de aprobarse la reforma, podría ponerse en riesgo el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas, así como provocar la pérdida de reservas de agua, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas frente a sequías prolongadas, afectar los caudales de los cursos de agua y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya atraviesan crisis de agua.
La Ley N.º 26.639, Ley de Glaciares de la Argentina, “Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, fue la primera de su tipo a nivel mundial. En la carta, los especialistas explican que “la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”.
La reforma de esta ley intenta transferir la facultad de decidir si un área glaciar debe ser protegida o no a la jurisdicción donde se encuentra el glaciar, en lugar de mantenerla en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El objetivo de la reforma es habilitar el acceso a más áreas glaciares para la actividad minera, específicamente para la extracción de litio destinado a la producción de baterías. “Esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas”, agregan los expertos.
A pesar que el gobierno aceleró y logró su aprobación, el proceso quedó atravesado por una audiencia pública sin precedentes, que superó las 100.000 personas inscriptas, convirtiéndose en la más grande registrada hasta el momento y evidenciando el nivel de preocupación social en torno al debate.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora