La infancia herida por el descarte laboral

Por Nicolás Schamne en Mapa Político

Los únicos privilegiados son los olvidados del surco: la infancia como variable de ajuste

​​La máxima justicialista que alguna vez dictaminó que «en la nueva Argentina los únicos privilegiados deben ser los niños» resuena hoy como un eco de dolor e ironía en las periferias de nuestra patria. Cada 12 de junio, las vidrieras institucionales se saturan de reflexiones biempensantes contra el trabajo infantil, amparadas en las alarmantes estadísticas de la OIT y UNICEF que contabilizan 138 millones de niños atrapados en la explotación productiva. Sin embargo, para la Argentina profunda —aquella que late en el NOA, en el NEA y en la inmensidad de los campos que sostienen el modelo agroexportador— la frialdad de los datos se encarna en una realidad cotidiana, invisible y trágicamente naturalizada.

​El drama del menor que trabaja en el ámbito rural no es un arcaísmo cultural ni una simple deformación de la «ayuda familiar». Es, fundamentalmente, el síntoma más desgarrador de una estructura socioeconómica deshumanizada. Cuando el neoliberalismo y la desregulación operan sobre el tejido social, la precarización del empleo adulto actúa de inmediato como un vector de demolición sobre el núcleo familiar. La pérdida de convenios colectivos, el imperio de la informalidad y la licuación de los salarios de los trabajadores rurales —históricamente postergados— empujan al hogar a una encrucijada de supervivencia. Como enseña la Doctrina Social de la Iglesia, la familia es el santuario de la vida y la célula primera de la sociedad; si el Estado y el capital conspiran para desproteger al proveedor, el santuario se derrumba y sus eslabones más débiles caen al surco.

​«No puede haber justicia social sobre la base de la explotación de los más débiles; la economía debe servir al hombre, no el hombre a la economía.» — S.S. Juan Pablo II, Laborem Exercens.

​Analizar el trabajo infantil de manera aislada, pretendiendo erradicarlo mediante meras prohibiciones punitivas o campañas de concientización urbana, denota una profunda miopía psicopolítica y una alarmante carencia de sentido federal.

El informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA es taxativo: los hogares con mayor vulnerabilidad, hacinamiento crónico y carencia de infraestructura básica (agua potable, transporte, conectividad) coinciden exactamente con aquellos donde habitan las infancias desprotegidas. El desarraigo escolar y la inserción temprana en tareas agrícolas peligrosas —que representan el 61% de los casos mundiales— no son decisiones soberanas de los padres, sino la consecuencia de un territorio fragmentado. Hay múltiples Argentinas conviviendo en un mismo mapa, y la periferia rural sigue subsidiando con el cuerpo de sus hijos la opulencia de las discusiones metropolitanas.

​Desde la perspectiva del sindicalismo nacional y federal, encarnado en organizaciones como UATRE bajo premisas de inserción real, la respuesta es doctrinaria: no existe política de protección de la niñez sin la previa e irrenunciable dignificación del trabajo adulto. El empleo registrado, el salario justo y el acceso a derechos sociales no son concesiones graciosas del mercado, sino las únicas murallas capaces de blindar la inocencia. Cuando se debilita el marco laboral del peón de campo, se está firmando el ingreso de su hijo a la informalidad productiva.

​La erradicación del trabajo infantil exige una mística colectiva que recupere la soberanía de la familia trabajadora. Requiere escuelas rurales consolidadas, conectividad, transporte público estatal y centros de cuidado que actúen como verdaderos efectores de justicia social. Si la comunidad no se organiza para proteger a quienes siembran y cosechan el pan de la nación, la declamada soberanía nacional se vuelve una abstracción hipócrita.

La infancia no puede seguir siendo la variable de ajuste de un sistema de descarte. Salvaguardar los derechos de los adultos en el presente es la única garantía de heredar una patria libre, justa y soberana en el porvenir.