La condena a Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho aislado, sino parte de un entramado de poder que articula justicia, medios y corporaciones. En la Argentina de Javier Milei, el lawfare se consolida como herramienta de disciplinamiento político y garantía de un modelo económico regresivo.
Una maquinaria aceitada: medios, justicia y poder económico
En la Argentina contemporánea, el lawfare ya no puede pensarse como una hipótesis: es una práctica concreta y sistemática. La articulación entre sectores del Poder Judicial, grandes medios de comunicación y grupos económicos concentrados ha dado lugar a una maquinaria de persecución política orientada a excluir del escenario democrático a determinados actores.
Lejos de cualquier ideal de independencia judicial, lo que se observa es una operatoria coordinada: causas que avanzan con celeridad selectiva, coberturas mediáticas que instalan culpabilidades anticipadas y una narrativa dominante que legitima la persecución bajo el discurso de la “lucha contra la corrupción”.
Cristina: condena, proscripción y mensaje disciplinador
La condena a Cristina Fernández de Kirchner debe leerse en este contexto. No se trata únicamente de una decisión judicial: es un acto profundamente político.
Como ocurrió con otros liderazgos populares en América Latina, el objetivo no es solo castigar, sino proscribir. Inhabilitar políticamente a una figura con capacidad de representación masiva implica alterar las reglas del juego democrático. Pero, además, envía un mensaje claro al resto del sistema político: quien cuestione los intereses del poder económico concentrado será perseguido.
El caso argentino se inscribe en una lógica regional. El antecedente de Brasil, con la persecución judicial a Lula, demuestra cómo el lawfare puede redefinir escenarios políticos enteros, condicionando elecciones y habilitando el avance de proyectos regresivos.
El gobierno de Milei y la necesidad del lawfare
El gobierno de Javier Milei no es ajeno a este proceso: lo necesita. Su programa económico —basado en el ajuste, la desregulación y la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados— requiere condiciones políticas que reduzcan al mínimo la capacidad de resistencia.
En este esquema, el lawfare cumple una función clave:
* debilita a la oposición,
* fragmenta al campo popular,
* y legitima, desde el discurso judicial, un orden profundamente desigual.
La persecución judicial no es un efecto colateral del modelo: es una de sus condiciones de posibilidad.
El rol central de los medios concentrados
Ninguna estrategia de lawfare sería efectiva sin el papel de los medios de comunicación concentrados. Lejos de informar, estos actores operan como constructores de sentido común.
Instalan agendas, amplifican denuncias sin pruebas concluyentes y silencian voces disidentes. Se trata de un verdadero “periodismo de guerra”, donde la condena mediática precede —y muchas veces sustituye— a la judicial.
En este marco, la opinión pública es moldeada no para comprender la complejidad de los procesos políticos, sino para aceptar, casi sin cuestionamientos, la exclusión de determinados dirigentes.
Una justicia sin control democrático
El accionar del Poder Judicial expone una crisis estructural. Se trata de uno de los poderes menos democratizados del Estado, con escasos mecanismos de control ciudadano y altos niveles de opacidad.
La selectividad en las causas, los vínculos con sectores de poder y la falta de rendición de cuentas ponen en evidencia que no actúa como garante de derechos, sino como actor político.
Así, el lawfare reemplaza, en muchos casos, a las formas tradicionales de interrupción democrática: ya no hacen falta golpes militares cuando existen jueces dispuestos a intervenir en la disputa política.
La democracia y las instituciones estan en peligro
La persecución a Cristina Fernández de Kirchner marca un punto de inflexión. No se trata solo de una dirigente ni de una fuerza política. Lo que está en juego es la posibilidad misma de que existan alternativas al modelo neoliberal.
En la Argentina de Milei, el lawfere funciona como un dispositivo de disciplinamiento que busca clausurar esa posibilidad. La combinación de ajuste económico, concentración mediática y persecución judicial configura un escenario regresivo que interpela de lleno a la democracia.
Frente a esto, la respuesta no puede ser únicamente institucional. Se vuelve imprescindible democratizar el Poder Judicial, garantizar la pluralidad informativa y reconstruir una fuerza política capaz de enfrentar este entramado.
Porque cuando la justicia deja de ser justicia y se convierte en herramienta de persecución, lo que está en riesgo no es un liderazgo individual: es la democracia misma.
Lucio Le Moal – Periodista – Analista político
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