Nicolas Schamne para MAPA POLÍTICO
La defensa de la exmandataria presentó nueva prueba documental en una conferencia de prensa, argumentando que la condena en la causa Vialidad se basó en hechos inexistentes y ratificando su estrategia internacional ante las Naciones Unidas.
Un giro en la estrategia judicial internacional
En una conferencia de prensa llevada a cabo en el centro porteño, los abogados defensores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —integrada por los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— comunicaron el hallazgo y la incorporación de nueva prueba documental en el marco de los reclamos planteados a nivel internacional. Según los representantes legales, este nuevo elemento probatorio desarticula los fundamentos centrales sobre los cuales se estructuró la condena dictada en su contra en la denominada causa Vialidad, marcando un hito en la estrategia jurídica que ahora se canaliza formalmente ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante la exposición, los juristas subrayaron que el objetivo principal de esta ampliación es lograr la impugnación de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que actualmente pesa sobre la exmandataria. La presentación busca demostrar ante los organismos multilaterales que el proceso judicial local careció de sustento técnico y probatorio, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
El origen de la prueba y los datos del informe económico
El núcleo de la nueva evidencia presentada por la defensa surge a partir de declaraciones testimoniales brindadas por un funcionario en el expediente conocido como la causa Cuadernos. A partir de este elemento, un equipo de economistas brasileños elaboró un detallado estudio técnico enfocado en rastrear y auditar el verdadero destino de los fondos correspondientes al fideicomiso vial administrado durante el período comprendido entre los años 2009 y 2015.
De acuerdo con las conclusiones expuestas por los letrados, el análisis financiero arroja los siguientes datos cuantitativos:
-
Se destinaron más de 2000 millones de dólares de manera global a diversas obras de infraestructura vial ejecutadas a lo largo del país.
-
Los recursos asignados específicamente al Grupo Austral —firma fuertemente vinculada al empresario Lázaro Báez— representaron apenas el 0,85 por ciento del monto total analizado por los expertos económicos.
-
Este volumen porcentual, según la defensa, derriba la tesis de direccionamiento sostenida por el tribunal oral.
Para los especialistas, estos números demuestran de forma fehaciente que el decreto 54/2009 constituyó una norma de carácter general aplicable a la administración presupuestaria nacional, y no un instrumento legal ideado o redactado con el propósito específico de favorecer de manera irregular a un contratista determinado.
- Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un nuevo informe con datos que indican que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos del decreto 54/2009, mientras que IECSA —empresa entonces controlada por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri— recibió una cifra muy superior (cerca del 16%, o unas 19 a 51 veces más según distintos cruces de la información presentada).
- [1] (https://www.infobae.com/judiciales/2026/09/15/los-abogados-de-cristina-kirchner-presentaron-un-informe-con-nuevas-pruebas-para-discutir-la-condena-en-la-causa-vialidad/),
- [2] (https://am530somosradio.com/el-beneficiario-era-calcaterra/),
- [3] (https://www.infoplatense.com.ar/cfk-causa-vialidad-nueva-prueba-casacion-onu-candidatura-2027/)
Las repercusiones técnicas y el debate sobre las pericias
Durante el desarrollo de la conferencia, Carlos Beraldi cuestionó con dureza el desarrollo del juicio oral y criticó enfáticamente la decisión judicial de rechazar las pericias contables que la defensa había ofrecido oportunamente para esclarecer el manejo de los fondos públicos. «La imputación era absolutamente falsa», sentenció el letrado ante los medios de comunicación presentes, calificando el proceso como una construcción jurídica apartada de la realidad contable.
En la misma línea, el abogado internacional Rafael Valim exhibió un gráfico técnico y calificó el estudio económico como un elemento «incontestable». Valim argumentó que el análisis financiero expone de modo riguroso que los fundamentos de la sentencia condenatoria carecen de sustento empírico, consolidando la postura de que las acusaciones no se sostienen frente a una auditoría macroeconómica de las cuentas viales del período evaluado.
Por su parte, el abogado Javier Borrego calificó el fallo judicial en términos críticos muy severos, al sostener que los argumentos esgrimidos en la resolución judicial desafían la lógica jurídica elemental. Los letrados insistieron en que la incorporación de esta prueba documental al expediente que tramita en el sistema internacional constituye una pieza clave para evidenciar lo que denominan una persecución basada en premisas falsas.
Impacto institucional y proyecciones del caso
La estrategia de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner se articula ahora sobre un doble andarivel: por un lado, visibilizar la magnitud de los nuevos datos técnicos ante la opinión pública y, por otro, robustecer técnicamente el expediente radicado en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los representantes legales argumentan que la vulneración de garantías constitucionales y el rechazo sistemático de medidas de prueba durante la instrucción y el juicio oral configuran violaciones a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
El eje central de la demanda ante el organismo internacional radica en la restitución plena de los derechos políticos de la exmandataria, argumentando que una condena basada en hechos falsos y en la exclusión arbitraria de pruebas periciales contables desnaturaliza el funcionamiento del Estado de derecho. Con la incorporación formal de este informe económico detallado, la defensa formaliza un nuevo tramo de su estrategia con vistas a obtener un pronunciamiento de alcance internacional sobre la legitimidad del proceso judicial argentino.