Nuevos aumentos SALARIALES, defensa de la CULTURA y TRABAJO en La Chaya y el Septiembre Joven: las definiciones de Ricardo Herrera

Nicolas Schamne para MAPA POLÍTICO

Ajuste, festivales y CHACHOS: el delicado equilibrio fiscal que defiende La Rioja en medio de la tensión con el gobierno de la nación de Javier Milei

La Rioja frena las expectativas de aumentos salariales y bonos de fin de año, mientras blinda la inversión pública en festivales culturales y defiende la emisión de los bonos Chachos frente al severo recorte de fondos nacionales.

El gobierno de La Rioja trazó un diagnóstico severo de su situación financiera actual. En medio de un escenario macroeconómico complejo marcado por la asfixia de las transferencias federales, la administración provincial optó por la cautela estricta en materia salarial, al tiempo que blindó con firmeza los recursos destinados a la agenda cultural y al sostenimiento de eventos masivos como La Chaya y el Septiembre Joven.

Las definiciones corrieron por cuenta del secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, quien expuso los ejes de la gestión local ante el cierre del calendario anual y la proyección del presupuesto venidero. El funcionario detalló los motivos detrás de la contención en el gasto corriente, la estrategia detrás de las cuasimonedas y el impacto real de la deuda que el Estado nacional mantiene con el distrito.

Cautela salarial y cuentas al límite

En el tramo final del año, las demandas de los gremios estatales chocan con la realidad contable de la provincia. Ante las versiones sobre posibles anuncios de recomposición de ingresos o la entrega de un bono extraordinario de fin de año, el Ejecutivo provincial adoptó una postura de extrema prudencia y descartó medidas de carácter inmediato.

«Hoy sería irresponsable o imprudencia decir que habrá un nuevo aumento o un bono. No lo tenemos en agenda inmediata. Se conversará y será motivo de análisis en el Ministerio de Hacienda en los próximos días con el correr de la última etapa del año», sostuvo Herrera al fijar la posición oficial.

El funcionario argumentó que la prioridad de la administración fue sostener los haberes de la administración pública a la par del ritmo inflacionario durante los meses previos. No obstante, advirtió sobre la extrema sensibilidad de los recursos disponibles. De acuerdo con las cifras oficiales, la casi totalidad de los fondos coparticipables que remite el Gobierno nacional se destina exclusivamente al pago de la masa salarial, lo que reduce al mínimo el margen operativo para maniobras financieras extraordinarias.

Inversión cultural versus gasto superfluo

Uno de los puntos centrales de la exposición del funcionario giró en torno a las críticas públicas generadas por la asignación de recursos estatales a la realización de festivales masivos. En momentos de restricciones presupuestarias, sectores de la opinión cuestionaron la erogación de fondos públicos en la organización de espectáculos artísticos.

Frente a estos cuestionamientos, Herrera defendió la vigencia de eventos emblemáticos como La Chaya y el Septiembre Joven, al calificar el desembolso estatal como una inversión estratégica y no como un gasto prescindible. Según la visión oficial, el objetivo central de estas políticas no es la rentabilidad financiera directa del Estado, sino la dinamización de las economías regionales.

«El gobierno no busca ganar plata, busca dinamizar la economía y poner a La Rioja en el centro de la escena nacional. No hay que tenerle miedo a estos eventos: lo que por un lado sale del Estado, vuelve a miles de riojanos que viven de eso», enfatizó el secretario general.

En el caso particular de La Chaya, el funcionario remarcó que el festival genera un impacto comercial significativo que abarca al sector hotelero, gastronómico y a los comercios de cercanía, con el respaldo adicional del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Del mismo modo, justificó la gratuidad del Septiembre Joven al señalarlo como una política pública sostenida durante tres décadas que garantiza el acceso igualitario de miles de jóvenes a bienes culturales que, en el ámbito privado, tendrían costos prohibitivos.

Pases a planta y prudencia administrativa

En el plano laboral, la demanda de regularización de los trabajadores contratados en áreas críticas como salud y seguridad mantiene abierta una negociación constante con los sindicatos. Si bien el Ejecutivo ratificó que el objetivo de lograr la desprecarización sigue vigente como premisa de la gestión, advirtió que el proceso se encuentra condicionado por la disponibilidad de recursos genuinos.

«Sería irresponsable encarar designaciones masivas sin respaldo presupuestario. No vamos a comprometer las cuentas públicas», aseveró Herrera. Sin embargo, confirmó que la administración avanzará con la formalización de pases a planta de efectivos de la policía provincial, una medida que ya se encontraba debidamente contemplada dentro de las previsiones del ejercicio financiero en curso.

El rescate de los Chachos y el impacto de la deuda nacional

En el terreno macroeconómico, el gobierno riojano ratificó el cronograma previsto para los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE). La administración confirmó que en el mes de diciembre se llevará a cabo el rescate formal de los denominados «Chachos», mientras analiza técnicamente la conveniencia de su continuidad o eventual reedición para el próximo periodo fiscal. Desde la perspectiva oficial, la circulación de la cuasimoneda cumplió un rol paliativo al evitar la fuga de capitales y sostener el consumo interno en el comercio de proximidad.

Esta estrategia local se da en un contexto de fuerte tensión con la administración central. Herrera denunció un desplome abrupto en las transferencias discrecionales y advirtió que el proyecto de presupuesto nacional profundiza el ajuste sobre las provincias. Según las estimaciones de la gobernación, las asignaciones para obras de infraestructura vial resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento.

En este marco, el funcionario cifró en unos 1.800 millones de dólares el monto acumulado por la deuda que la Nación mantiene con el distrito en concepto de recursos extracoparticipables y fondos adeudados históricamente. Para el Ejecutivo provincial, la restitución de esos fondos constituiría la herramienta indispensable para reactivar la obra pública y consolidar un sendero de desarrollo genuino que descomprima las tensiones fiscales cotidianas.