Laura Maria Herrera en Mapa Politico
⭕El gobernador Ricardo Quintela impulsa un nuevo esquema que contempla la aplicación de límites a las tasas de interés y la puesta en marcha de un plan de refinanciación de carácter obligatorio, diseñado para evitar que las deudas se vuelvan insostenibles.
⭕Ante la creciente preocupación por el sobreendeudamiento que afecta a numerosos hogares riojanos, el gobernador Ricardo Quintela promovió una medida orientada a aliviar la carga financiera de las familias 👉 La iniciativa establece límites a las tasas de interés y un régimen de refinanciación obligatoria para personas con deudas en mora.
La Rioja busca contener el sobreendeudamiento con limites a las tasas y refinanciación obligatoria
El gobierno de La Rioja impulsó un marco legal que impone topes a las tasas de interés y obliga a las entidades financieras a refinanciar deudas morosas para evitar el colapso de la economía familiar.
Un freno regulatorio ante la mora masiva
El Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, promovió el proyecto de ley para la creación del Régimen Provincial de Refinanciación Responsable de Deudas en Mora y Protección frente al Sobreendeudamiento de las Familias. La iniciativa, ingresada al Poder Legislativo local a través de la diputada provincial Lourdes Ortiz, responde a indicadores estadísticos críticos: la provincia alcanzó un nivel del 22,8% de morosidad en el sector bancario y no bancario, posicionándose al frente de las estadísticas de incumplimiento crediticio en el país.
El marco normativo abarca a todas las obligaciones de consumo con un atraso igual o superior a los 60 días. La norma se extiende sobre préstamos personales, tarjetas de crédito, fideicomisos financieros, créditos otorgados por empresas no bancarias y operaciones efectuadas a través de fintechs o plataformas digitales comerciales con domicilio u operación dentro de la jurisdicción riojana.
Los ejes centrales de la norma
El proyecto introduce regulaciones operativas de acatamiento obligatorio para todos los proveedores de crédito. Los puntos clave del régimen contemplan:
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Refinanciación forzosa: Presentada la solicitud por parte de una persona deudora, la entidad acreedora dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para presentar una propuesta formal de restructuración.
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Plazos extendidos: Los planes de pago deberán ajustarse a un mínimo de 12 cuotas y un máximo de 36 cuotas mensuales.
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Topes a la tasa de interés: La tasa de refinanciación no podrá exceder la Tasa de Intereses Moratorios estipulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Limitación de costos adicionales: Se prohíbe la capitalización sucesiva de intereses punitorios y se fija un tope del 2% sobre el capital total a refinanciar para comisiones o gastos administrativos derivados del trámite.
Impacto en la economía del hogar
Las restricciones macroeconómicas, la pérdida de capacidad de pago e incrementos sostenidos en las tarifas de servicios esenciales empujaron a múltiples hogares a recurrir al endeudamiento sistemático para saldar bienes de consumo básico. En este contexto, el sobreendeudamiento familiar genera distorsiones directas en el consumo interno y afecta la cadena de cobros de comercios e instituciones locales.
El mecanismo prevé frenar la acumulación indiscriminada de cargos punitorios que multiplican el valor de las deudas iniciales. Al fijar topes regulados de refinanciación, se busca que las familias puedan salir de la mora sin comprometer de forma total los recursos destinados a alimentos, salud y vivienda.
El escenario macroeconómico provincial
La propuesta legislativa para contener la mora privada coincide temporalmente con tensiones en el área de las finanzas públicas provinciales. La Rioja notificó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sobre restricciones presupuestarias para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera. Este contexto resalta el deterioro general de las variables socioeconómicas y la fragilidad del flujo de ingresos, tanto a nivel público como privado.
Fiscalización y derechos del usuario
La autoridad de aplicación de la ley fiscalizará las propuestas presentadas por las financieras para verificar que no incluyan cláusulas abusivas ni desproporcionadas. El incumplimiento de este régimen por parte de las entidades otorgantes de crédito las expondrá a las sanciones contempladas dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N.º 24.240).
Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura, se iniciará el tratamiento en comisiones para definir el dictamen que permita su posterior votación en el recinto. Los detalles definitivos de su puesta en vigencia se publicarán formalmente en el Boletín Oficial de La Rioja.