La iniciativa busca proteger las tierras rurales de la provincia mediante límites a la compra por parte de extranjeros, restricciones en áreas estratégicas y un régimen específico de fiscalización.
A pocas horas de que el Senado de la Nación diera media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y luego de que el oficialismo debiera retirar los capítulos vinculados a la flexibilización de la Ley de Tierras y a la modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto para reforzar la protección de las tierras rurales de la provincia.
La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, incorporado con la reforma sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre inmuebles rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. El objetivo es fijar límites, prohibiciones y mecanismos de control destinados a preservar el territorio provincial y sus recursos estratégicos.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que la tierra no debe ser entendida únicamente como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino como un recurso estratégico vinculado a la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable.
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El texto advierte que la concentración de grandes extensiones en manos extranjeras puede comprometer el control sobre recursos naturales esenciales, especialmente cuando se trata de zonas de frontera, cuencas hídricas, acuíferos, áreas naturales protegidas y territorios con valor ambiental o cultural.
Por ese motivo, la iniciativa declara de orden público e interés provincial estratégico el régimen de protección de las tierras rurales alcanzadas por la futura ley.
Un límite del 3% para la propiedad extranjera y zonas protegidas
Uno de los principales ejes del proyecto consiste en establecer un límite máximo del 3% de la superficie rural de La Rioja que podrá estar en manos de personas o empresas extranjeras. Ese porcentaje no solo regirá para el conjunto de la provincia, sino también para cada uno de sus departamentos, con el objetivo de evitar procesos de concentración territorial en determinadas regiones.
Además, la propuesta incorpora un límite por nacionalidad, de modo que una misma procedencia extranjera no pueda concentrar una porción significativa del territorio provincial. La iniciativa también establece amplias restricciones respecto de las tierras que podrán ser adquiridas o utilizadas por ciudadanos y empresas extranjeras.
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